Lo que las autoridades encontraron dentro de las cárceles de Costa Rica dejó al descubierto una realidad que terminó provocando una drástica decisión del Gobierno.

Televisores, hornos microondas y otros aparatos eléctricos permanecían instalados dentro de las celdas, pese a las estrictas medidas de seguridad que deberían existir en estos establecimientos penitenciarios.

Durante un operativo realizado en diferentes centros carcelarios del país, la Policía Penitenciaria retiró 352 pantallas de televisión y 238 hornos microondas que estaban siendo utilizados por personas privadas de la libertad.

El tema llegó hasta la conferencia de prensa semanal del Gobierno, donde la presidenta Laura Fernández le preguntó al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, por los resultados del procedimiento.

Tras conocer que los aparatos habían sido retirados, la mandataria lanzó una pregunta que sorprendió a los asistentes:

“Entonces, ¿para qué tenemos tomacorrientes?”.

De inmediato, Fernández ordenó eliminar también las conexiones eléctricas ubicadas dentro de las celdas, argumentando que ya no existe ninguna razón para mantenerlas si los internos no tienen autorización para conectar televisores, microondas u otros electrodomésticos.

La presidenta aseguró que la medida busca impedir nuevas instalaciones clandestinas, evitar la manipulación del sistema eléctrico y reforzar el control dentro de los establecimientos penitenciarios.

Por su parte, el ministro de Justicia confirmó que la instrucción será trasladada a la Dirección General de Adaptación Social y a la Policía Penitenciaria para iniciar su ejecución.

La decisión hace parte de una serie de acciones anunciadas por el Gobierno costarricense para endurecer el régimen carcelario, reducir los privilegios dentro de las prisiones y recuperar el control de los centros de reclusión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto costará el procedimiento, cuántas cárceles serán intervenidas ni el plazo establecido para retirar la totalidad de los tomacorrientes.

Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una medida necesaria para fortalecer la seguridad, la decisión vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los límites de los controles penitenciarios y las condiciones en las que deben permanecer las personas privadas de la libertad.